El espacio oficialista La Libertad Avanza (LLA) inició un proceso para promover el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La medida judicial había frenado la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tras un hábeas corpus colectivo que advertía sobre la falta de infraestructura y recursos para alojar a más adolescentes en el sistema penal.
LLA interpretó la resolución como una decisión política que obstaculiza una norma aprobada por el Congreso y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por las deficiencias del sistema provincial.
El conflicto se centra en las condiciones de los centros de detención juvenil y en la capacidad de la Provincia para implementar la nueva normativa.
Mientras la jueza defendió su fallo como preventivo para garantizar estándares mínimos, el oficialismo libertario busca avanzar institucionalmente con su enjuiciamiento.
