En medio de un escenario económico marcado por las dificultades para sostener la producción y el empleo, una nueva decisión del Gobierno nacional generó preocupación en el sector cooperativo argentino.
Gildo Onorato, referente del cooperativismo y funcionario de la provincia de Buenos Aires, cuestionó públicamente la Resolución 2076/26 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a la que atribuyó la suspensión de 6.667 cooperativas en todo el territorio nacional.
La denuncia pone en discusión algo mucho más profundo que un procedimiento administrativo: qué lugar ocupan las cooperativas en el modelo económico que impulsa Javier Milei y qué consecuencias pueden enfrentar miles de trabajadores que dependen de estas organizaciones.
La provincia de Buenos Aires, entre las más afectadas
De acuerdo con las cifras difundidas por Onorato, la medida alcanza a 1.916 cooperativas suspendidas y otras 299 intimadas en territorio bonaerense.
El funcionario advirtió que la resolución impediría trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia, una situación que, de confirmarse en esos términos, tendría consecuencias importantes para el entramado productivo y social.
Las cooperativas forman parte de la economía cotidiana de numerosas localidades. Desarrollan actividades vinculadas con la construcción, los servicios, el reciclado, la producción y distintas iniciativas comunitarias.
Por eso, cuando una cooperativa encuentra obstáculos para continuar funcionando, el problema no queda limitado a una matrícula o a un expediente: puede afectar a trabajadores, familias y comunidades enteras.
Onorato cuestionó la decisión nacional
Desde la provincia de Buenos Aires, Onorato remarcó el esfuerzo que se viene realizando para sostener las fuentes laborales vinculadas con el cooperativismo.
También reclamó que, en lugar de sumar dificultades, el Estado nacional acompañe a los trabajadores en el contexto económico actual.
Su planteo incluye un pedido concreto al INAES: revisar los padrones publicados y analizar la situación de las miles de entidades alcanzadas por la resolución.
El ajuste y una pregunta de fondo: ¿quién sostiene el trabajo?
La controversia abre un debate sobre las prioridades del Gobierno nacional.
Mientras el discurso oficial insiste en reducir la intervención estatal y ordenar el funcionamiento de los organismos públicos, desde el cooperativismo advierten que las decisiones administrativas pueden tener consecuencias sobre actividades productivas y puestos de trabajo.
El control sobre las entidades y el cumplimiento de sus obligaciones legales son necesarios. Pero también resulta fundamental que existan procedimientos transparentes, posibilidades de regularización y criterios que permitan distinguir entre organizaciones inactivas y cooperativas que efectivamente producen y generan empleo.
La pregunta es si el Estado está utilizando sus herramientas para fortalecer la legalidad y el funcionamiento del sector o si las medidas terminan debilitando experiencias de trabajo asociativo que necesitan acompañamiento.
Un reclamo que exige respuestas
La denuncia de Onorato merece una respuesta precisa del INAES: cuáles fueron las causas de las suspensiones, qué efectos concretos tienen sobre la actividad de las entidades, qué posibilidades existen de regularización y cuántas cooperativas activas podrían verse perjudicadas.
En una Argentina donde sostener una fuente laboral representa un desafío cotidiano, el debate no puede reducirse a números y resoluciones.
Detrás de cada cooperativa que efectivamente trabaja hay personas que producen, prestan servicios y construyen una alternativa de empleo. Defender esas fuentes laborales también debería formar parte de cualquier política económica que pretenda recuperar la producción nacional.
